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En la edición de Conama 2020, en la Sesión Técnica Cambio climático y biodiversidad: efectos de la transición energética (ST-25) se suscitó un gran debate que se ha decidido abordar de manera más detallada por el Comité CT.16 “Energías renovables y su implantación en el territorio: nuevos retos para la EIA” en la edición de 2022 para generar una visión común sobre la situación que el despliegue acelerado de energías renovables está generando en el territorio.
Cómo se detectaron distintas tensiones sociales, se buscaron las causas de esa situación y cómo estaba afectando a cada grupo social. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se preveía la instalación de cerca de 60 GW renovables hasta 2030. Se estimó que se necesitaría un aumento del parque renovable en aproximadamente 11.000 megavatios (MW) entre 2020 y 2022, siendo de unos 28.000 MW para el periodo 2020-2025, de los que aproximadamente 25.000 MW correspondían a tecnología eólica y fotovoltaica. Esto significaría pasar del 20% aproximadamente de aportación de las energías renovables sobre el consumo final al 42% en 2030, que es el compromiso alcanzado en el seno de la UE.
Para cumplir con este Plan se debería aumentar de manera acelerada la producción de energías renovables, pero como en el anterior periodo no se planificó ni se incentivó su implantación, se retrasó su desarrollo, y en este mometo surió el problema de tener que instalar en los próximos años un número importante de instalaciones, pero con menos tiempo para cumplir los objetivos.
Si a la necesidad de acelerar la implantación de energías renovables se suma que desde junio de 2021 se han incorporado otros factores como el aumento acelerado de los precios de la energía eléctrica en Europa y en febrero de 2022 la invasión de Ucrania, con el consiguiente encarecimiento del gas, la necesidad de ganar independencia en el consumo de combustibles fósiles ha llevado a la Comisión Europea a presentar el Plan REPowerEU, que busca poner fin a la dependencia de la UE con respecto a los combustibles fósiles y avanzar con rapidez en la transición ecológica.
Pero esta situación ha llevado a que aparecieran una serie de debilidades derivadas de una falta de planificación territorial por parte de las comunidades autónomas que no cuentan con instrumentos suficientemente sólidos, actualizados y con un sentido estratégico que integren de manera ponderada las distintas políticas con implicación territorial. Además, si a esto se suma que el trazado de la red eléctrica no está diseñado para una producción descentraliza y limita las áreas donde los proyectos de implantación de energías renovables son viables, aumentarán las tensiones territoriales.
Además, se hconstató que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) no es un instrumento de ordenación territorial y tiene debilidades que no se han resuelto a la hora de su aplicación. Igualmente, existe una deslocalización de las empresas que realizaban un desarrollo industrial de las energías renovables que ha derivado en una mayor debilidad en la aceptación social a nivel local, por su escasa repercusión económica.
La aparición de tensiones territoriales y sociales no se hizo esperar. La inflación en la solicitud de proyectos; la confusión ante la desinformación de los proyectos en tramitación; la sensación de desgobierno y la falta de una evaluación ambiental estratégica, desconcertaron a una población local que además se sintió abrumada por el interés que despertaron determinadas áreas para las empresas a las que vieron con muchos intereses privados, que sólo buscaban beneficios económicos que no repercutarían en la población local. Estaba aumentando el temor por los procesos especulativos, la utilización de la figura “utilidad pública” a nivel expropiatorio, el abandono de la actividad agraria por ser menos rentable, y el desacople de los tiempos que cada agente requiere en el proceso de tramitación de los proyectos.
Puedes disponer del resumen de la sesión elaborado por los voluntarios de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) pinchando aquí
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